Revisión y mediación Pedagógica Aura Marina Silva Rodríguez María Victoria Guzmán de Rosales Pedagogas Escuela de Estudios Judiciales


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2 2013 Revisión y actualización del módulo; Elaboración de portafolio de aprendizaje y adaptación de la guía docente. Mayra Yojana Veliz López. Consultora Revisión y mediación Pedagógica Aura Marina Silva Rodríguez María Victoria Guzmán de Rosales Pedagogas Escuela de Estudios Judiciales 1ra. Edición de 100 ejemplares Programa Formativo de Transverzalización de género y análisis normativo en materia de violencia contra la mujer en el Organismo Judicial de Guatemala. SEICMSJ/AECID Diseñado y diagramado por: Licda. Perlita Estrada - Impreso por: Integraf - Guatemala, Marzo 2014 Se reservan todos los derechos para fines didácticos del Organismo Judicial

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5 Se reservan todos los derechos de conformidad con la ley. No se permite la reproducción total o parcial del presente documento, ni su traducción, ni su incorporación al sistema informático, ni su transmisión por cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros medios sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos del Programa de Justicia y Seguridad: Reducción de la Impunidad. SEICMSJ /AECID. Equipo de trabajo Handy Audrey Barco Berganza Mildred Sabrina Flores Barrios Maria Virginia Godoy Castillo Kenia Herrera Rívera Rebeca Martín Alés Fredy Antonio Robledo Barrios Irma Yohana Saenz Letona Efraín Estuardo Sánchez Montenegro Miguel Ángel Urbina Martínez Xiomara Argentina Barillas Peláez Mildred Sabrina Flores Barrios Pamela Zu ellen González Ruíz Gabriela Jiménez Pellecer Paula Paz Irma Yohana Saenz Letona Efraín Estuardo Sánchez Montenegro Miguel Ángel Urbina Martínez Mayra Yojana Véliz López 2013 Revisión y actualización del modulo Elaboración del portafolio de aprendizaje y guía docente Mayra Yojana Veliz López Consultora Revisión y mediación pedagógica Aura Marina Silva Rodríguez María Victoria Guzmán de Rosales Pedagogas Escuela de Estudios Judiciales Organismo Judicial Visto Bueno Lic. Carlos Antonio Ruiz Prado. Secretario de la SEICMSJ. Lic. Héctor Aníbal de León Polanco Sub Secretario de la SEICMSJ.

6 PRESENTACIÓN Indice Lección 1. El sistema de medidas de seguridad y protección 1.1. Aspectos generales 1.2. Finalidad del sistema de medidas de seguridad y protección 1.3. Principios especiales del sistema, medidas de seguridad y protección Principio de protección integral Principio de temporalidad Principio de celeridad Principio de impulso de oficio Principio poco formalista Lección 2. Tipo de medidas de seguridad y protección Aspectos generales 2.2. Clases de medidas de seguridad y protección de acuerdo a la finalidad de las mismas Medidas de seguridad orientadas al cese inmediato de los actos de violencia Medidas de seguridad orientadas a prevenir la reiteración de actos de violencia Medidas de seguridad orientadas a romper con el circulo de violencia y garantizar el desarrollo integral de la víctima Lección 3. Procedimiento para sustanciar las medidas de seguridad y protección Aspectos generales 3.2. Cuestiones de jurisdicción y competencia 3.3. Presentación de la denuncia El hecho denunciado Legitimación para denunciar Entidades facultadas para recibir la denuncia Lección 4. Resolución que otorga la medida de seguridad y protección Notificación de la resolución 33 Lección 5. Oposición a las medidas de seguridad y protección Reiteración de la agresión 34 BIBLIOGRAFÍA 36

7 El marco jurídico internacional y nacional, ha ido configurando en las últimas décadas un sistema de seguridad y protección a víctimas que ha permitido visualizarlas como sujetas de derechos y actoras fundamentales dentro de los procesos judiciales. Dicho sistema, implica un cambio trascendental para la justicia penal en la cual, tradicionalmente, la participación de la víctima era considerada meramente instrumental -como objeto o proveedora de información, cuando no totalmente postergada. En este redimensionamiento de la víctima, como sujeta de derechos y actora fundamental en los procesos judiciales, cobran especial relevancia las medidas de seguridad y protección a favor de las víctimas sobrevivientes de hechos delictivos, las cuales, conforme al marco jurídico nacional han trascendido de ser meramente tutelares a constituirse, en un sistema de protección integral. A partir de lo anterior, es oportuno mencionar el Decreto del Congreso de la República que contiene la Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la Administración de Justicia penal, cuyo objeto es proporcionar protección, entre otras personas, a querellantes adhesivos o víctimas toda vez que la figura procesal bajo la cual declaran es de testigo. La protección se brinda cuando estén expuestos a riesgos por su intervención en el proceso penal, debido al cumplimiento de su función informativa. En el momento en que la víctima rinde la información surge a la vida jurídica esta normativa y marca un punto de partida que intenta dar tratamiento a la víctima del delito como sujeta y no como objeto. Sin embargo esta normativa es propia del Derecho Penal tradicional y no existe en el imaginario jurídico a la mujer víctima de violencia de género, pues actualmente no se ha dimensionado el peligro en el que se encuentra la víctima cuando denuncia la violencia de género. Posteriormente y en el marco de la protección a las mujeres víctimas de la violencia de género, en el año 1996, se crea el Decreto del Congreso de la Republica, que contiene la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en donde se encuentran reguladas las medidas de seguridad, como un mecanismo de protección específica en el contexto de la violencia generada en el seno de la familia y por lo tanto, todas y todos los integrantes de un grupo familiar, serán objeto de protección. Posteriormente cobra vigencia el Decreto del Congreso de la República, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, cuya normativa específica permite visibilizar la protección para las mujeres en el contexto de la violencia generada por su condición. A través de esta normativa, el sistema de medidas de seguridad, centra su operatividad a partir de la presentación de la denuncia en cualquiera de las instituciones a que se refiere el artículo 4º del Decreto del Congreso de la Republica, la cual, a excepción del Juzgado de Familia, debe ser remitida al Juzgado de Paz correspondiente - móvil, penal, de paz de turno, de primera instancia de turno - con la finalidad de proteger de forma inmediata e integral a la mujer y sus hijos e hijas, realizada esta función el expediente debe ser certificado al Ministerio Público para que inicie la persecución penal y el Juzgado que otorga las medidas, con excepción del Juzgado de Paz móvil y de Familia, debe quedarse con el expediente para los siguientes efectos: a. Tramitar la oposición a la medida 1. b. Prorrogar o ampliar las medidas de seguridad, si fuere el caso, c. Rendir informes que le soliciten derivados de la investigación penal. En el caso del Juzgado de Paz móvil y de primera instancia de Familia 2 el expediente para los efectos antes indicados supra, debe remitirse al Juzgado de Paz en donde la victima tenga su domicilio o residencia con el objeto de evitar la revictimización secundaria. 1 En virtud que el otorgamiento de medidas de seguridad a favor de la mujer y sus hijas e hijos, es consecuencia de una denuncia en donde se ha cometido un delito y con la finalidad de observar el Derecho Constitucional de defensa, se le debe conceder al denunciado el derecho de audiencia según el plazo que la o el juzgador determine, toda vez que no habiendo un plazo legal debe aplicarse el plazo judicial establecido en el artículo 152 del Código Procesal Penal y la oposición planteada debe ventilarse por el procedimiento establecido en la ley adjetiva penal señalada en el artículo 150bis. 2 Solo en el caso de mujeres víctimas de todas las edades. Si la denuncia fuere presentada por otro integrante del grupo familiar el trámite es exclusivo del Juzgado de Familia aplicando el último párrafo del artículo 4 de la Ley VIF, si él o la Juez lo consideran. 7

8 Las medidas de seguridad reguladas en la ley tienen por objeto limitar los derechos de la persona agresora, con la finalidad 3 de: Hacer cesar la agresión, de la cual ha sido objeto la víctima, de forma inmediata; Prevenir nuevos actos de agresión en contra de la víctima, de la misma o distinta naturaleza; y, Brindar el soporte necesario a la víctima para romper con el círculo de violencia y garantizar su desarrollo integral en una vida libre de agresiones. La víctima no solo es la mujer que padece la violencia, también sus hijas e hijos ante los hechos de violencia que presencian y que muchas veces padecen de forma personal. Es así que la protección de las víctimas, se ha ido configurando en el plano normativo tanto en las dos leyes citadas como en: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, decreto del Congreso de la República; y, La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto del Congreso de la República. Si bien, este sistema no se encuentra circunscrito solamente a víctimas sobrevivientes de violencia contra la mujer 4, es en este ámbito, el que se ha desarrollado normativamente dado la necesidad de ir removiendo los patrones patriarcales consolidados en la sociedad guatemalteca. Necesariamente, para que las medidas de seguridad y protección reguladas por el marco jurídico cumplan con la finalidad asignada, es necesaria una comprensión acabada de este sistema, el cual, aún se encuentra influenciado, en gran parte, por el hecho de no reconocer la violencia contra la mujer en el ámbito privado y público, como relevantes para la justicia penal, y por ende sancionables como delitos. Aún antes de la vigencia de leyes especiales de carácter penal a favor de la mujer, muchas de las agresiones sufridas por ellas, si no todas, en el ámbito público y privado, eran relevantes para la justicia penal, bien sea como faltas o delitos. Por ello, no es casual que la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto del Congreso de la República, considerara que las medidas de protección se impondrían con independencia de las sanciones específicas contempladas en la legislación penal, ( ) en el caso de hechos constitutivos de delito o falta. (LVIF, Artículo 2). Derivado de lo anterior, las entidades facultadas para recibir la denuncia, conforme a dicho cuerpo legal debían remitir la causa a ( ) un juzgado de familia o del orden penal ( ) según correspondiera (LVIF, Artículo 4). Con la vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, decreto del Congreso de la República, se estableció un procedimiento y jurisdicción especializada para víctimas sobrevivientes, menores de edad, el cual, dotó al sistema jurídico de mecanismos adicionales frente a la amenaza o violación de derechos, sin que por ello, dejase de operar el sistema de justicia ordinario -familia, civil, penal, entre otros-. 3 Esta clasificación se hace desde el equipo que ha construido esta propuesta, después de largas jornadas de discusión para arribar a las mismas, por lo tanto constituyen una propuesta que es perfectible. 4 Ley especifica es la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es para protección de la mujer, hijas y e hijos. 8

9 Ambos sistemas de seguridad y protección operan según sea la edad de la víctima sobreviviente, correspondiendo a la justicia especializada de la niñez y adolescencia violada o amenazada en sus derechos, el conocimiento de los casos cuando fuere menor de edad, y a la ordinaria, cuando ella es mayor de edad. Con la vigencia de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, decreto del Congreso de la República, las autoridades jurisdiccionales que conozcan la denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, tienen el deber de ( ) dictar las medidas de seguridad ( ) pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en [dicha] ley, aún cuando el agresor no sea su pariente. (LcFVICM, Artículo 9), lo que no implica que también se dicten cuando existe violencia en el ámbito público. Otro aspecto a considerar del anterior texto legal, ha sido la inclusión de ( ) mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, ( ) como sujetas de protección conforme a la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, decreto del Congreso de la República. (LcFVICM, Artículo 24). La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto del Congreso de la República, incorpora como derecho de la víctima ( ) La protección y restitución de los derechos que han sido amenazados, restringidos o violados, ( ) (LcVSEyTP, Artículo 11.h), lo cual confirma la finalidad de Protección Integral. Si bien, el marco jurídico nacional, aplicable para la protección integral de víctimas de distintas formas de violencia contra la mujer, se encuentra disperso, corresponde a las y los fiscales, integrarlo al hacer las solicitudes ante el órgano jurisdiccional que corresponda, conforme a los mandatos constitucionales derivados del mandato Constitucional del ejercicio de la acción penal pública (Artículo 251). Precisamente, el módulo que se presenta tiene por objeto dotar a las y los Jueces, de las herramientas necesarias para integrar el marco jurídico y decretar a favor de las víctimas sobrevivientes de violencia, las medidas de seguridad que les garanticen superar las agresiones y alcanzar el desarrollo integral, como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta contenido de 5 lecciones: en la lección 1, se abordan los aspectos generales y los principios sobre los cuales se han creado las mismas, en la lección 2, se hace una propuesta académica de lo que el equipo considera que es la finalidad de cada una de las medidas reguladas en la Ley VIF, en la lección 3 el procedimiento que se debe seguir para el otorgamiento de la protección a las mujeres, sus hijos y sus hijas. Se considera importante abordar particularmente el procedimiento, debido a la resistencia observada en el tratamiento y otorgamiento de las mismas lo cual es producto de los patrones patriarcales imperantes en el pensamiento social y jurídico, la lección 4 aborda lo relativo a la notificación de la medida otorgada, que ha ocasionado diversos criterios toda vez que se tiene en el imaginario social y jurídico la prevalencia del Derecho de defensa y de audiencia como un derecho constitucional, lo cual es correcto, sin embargo cuando él o la Juzgadora se enfrentan a dos derechos humanos como estos - defensa del presunto agresor y vida e integridad de la víctima, debe privilegiar el Derecho más importantes y por ello la notificación al presunto agresor o sindicado, ha creado diversos criterios y reacciones y en la lección 5, el procedimiento de la oposición es igualmente importante para evitar que se convierta en un mini proceso civil de conocimiento, sino que su tratamiento sea tal cual lo es, la oposición a la medida de seguridad. 9

10 1. EL SISTEMA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE CARÁCTER JURISDICCIONAL COMPETENCIA GENERAL: Que las y los jueces incorporen en su función jurisdiccional, el deber de debida diligencia en la atención y protección para las víctimas de violencia de género, a través de decretar de forma inmediata las medidas de seguridad para las víctimas de violencia de género. UNIDAD DE COMPETENCIA: Identifica el marco teórico del sistema de medidas de seguridad y recibe la declaración de la víctima con todas sus incidencias para prevenir la reiteración de los actos de violencia ASPECTOS GENERALES La aplicación de medidas de seguridad y protección a favor de las víctimas sobrevivientes en el sistema jurídico guatemalteco, resulta aún novedoso, dado que, el mismo, siempre giró en torno a garantizar el resultado del proceso penal mediante la aplicación de medidas de coerción dirigidas en contra de la persona sindicada; y, la instrumentalización de la víctima como una proveedora de información o testigo, cuando no fue totalmente postergada. A pesar de dicha visión, paulatinamente el marco jurídico nacional ha ido reconociendo a las víctimas como sujetas de derechos, a quienes debe proveérseles el apoyo necesario para superar los efectos de la violencia de que han sido víctimas, a fin de coadyuvar en su desarrollo integral como personas. Si bien, el sistema de medidas de seguridad y protección para víctimas sobrevivientes, se encuentra regulado en diversos textos legales, tal situación no debe ser obstáculo para que las mismas cumplan su finalidad; más bien, constituye un desafío, para quienes ejercen la función jurisdiccional, la integración del marco legal, conforme al ordenamiento jurídico, a fin de que las víctimas puedan contar con las medidas de seguridad y protección, que les permita superar los actos de agresión de los cuales han sido objeto. En especial para las víctimas sobrevivientes de toda forma de violencia contra la mujer, son aplicables las disposiciones contenidas, en los siguientes textos legales: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto del Congreso de la República; Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, decreto del Congreso de la República; Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, decreto del Congreso de la República; Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, decreto del Congreso de la República; y La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto del Congreso de la República. 10

11 A partir de la integración de los anteriores textos legales, el sistema de medidas de seguridad y protección se encuentra orientado a: Mujeres víctimas de toda forma de violencia contra ellas, en el contexto de la Ley contra el femicidio; ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, Ley Pina Personas que integran el grupo familiar, no incluidas las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la familia, en el contexto de la ley VIF; Tal orientación, básicamente, obedece a que conforme a la legislación penal sustantiva, no existiría acto de violencia contra la mujer dentro del ámbito privado que no fuere constitutivo de delito, independientemente de la calificación legal - tipificación-; mientras que algunos actos de violencia en contra de cualquier otro integrante del grupo familiar, en el ámbito privado, no necesariamente serían conductas que ameritarían ser calificadas como delito o falta. De esa cuenta, solamente se califican como hechos de violencia intrafamiliar, aquéllas conductas en las que un integrante del grupo familiar padece violencia, en donde no se incluye a las mujeres. Pero los actos de violencia en el caso de las mujeres, es un delito. La distinción referida para la aplicación de medidas de seguridad y protección a víctimas sobrevivientes en momento alguno. afecta el principio de igualdad (CPR, Artículo 4.). En ese sentido la corte de Constitucionalidad ha indicado que: "(...) el principio de igualdad, ( ) impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma; pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente, conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores casos que este principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe, ni se opone a dicho principio, el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge (...) 5 De esa manera, la distinción efectuada por la legislación penal para considerar supuestos que tornan las conductas violentas en contra de ellas, no son más que el resultado, en el plano fáctico, de una violencia estructurada a partir de una sociedad patriarcal, el cual, conforme a los valores que la Constitución acoge, ameritan la existencia de normas especiales que garanticen la eliminación de esas prácticas y la consolidación de una sociedad en la que hombres y mujeres puedan desarrollarse integralmente. 5 Cf. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 29 de noviembre de 2007, emitida en el expediente No Sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha l 16 de Junio de 1992, emitida en el expediente No Para un detalle de las resoluciones que siguen el mismo criterio: Corte de Constitucionalidad (Aplicada en Fallos de la Corte de Constitucionalidad), Guatemala, agosto de

12 1.2. FINALIDAD DEL SISTEMA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN El sistema de medidas de seguridad y protección de carácter jurisdiccional responde a 3 necesidades básicas: Hacer cesar los actos de violencia mediante la restricción de derechos a los agresores; Prevenir la reiteración de actos de violencia mediante la restricción de derechos a los agresores; y, Dotar a las víctimas del soporte necesario para romper con el círculo de violencia y garantizar las condiciones mínimas para que pueda desarrollarse integralmente, incluso, mediante la restricción de derechos al agresor. Derivado de lo anterior, las medidas de seguridad tienen por finalidad, la protección integral de las víctimas sobrevivientes para que puedan superar los actos de violencia de que fueron objeto y desarrollarse integralmente en una vida libre de toda forma de violencia. El fundamento jurídico que da soporte a esta visión de protección integral surge de la integración normativa arriba apuntada. Conforme a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia intrafamiliar, la misma, regula las medidas de protección necesarias (LVIF, Artículo 2) para: Garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar; y, Brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas, tomando en consideración las situaciones específicas de cada caso. En estricto sentido, más allá de que se restrinjan derechos del agresor, las mismas están orientadas a brindarle seguridad y protección a las víctimas sobrevivientes, derivado de ello, su aplicación es independiente de las sanciones establecidas en la legislación penal, cuando el hecho es constitutivo de delito o falta (LVIF, Artículo 2). La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, por su parte, en cuanto a las medidas de seguridad y protección de carácter jurisdiccional remite éstas a lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar; enfatizando el deber de las autoridades jurisdiccionales para que las mismas sean dictadas con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, aún y cuando, el agresor no sea pariente de la víctima sobreviviente (LcFyVCM, Artículo 9); aspecto, este último, ya contemplado en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (LVIF, Artículo 1). 12 Por su parte, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, establece como un derecho mínimo de la víctima sobreviviente ( ) La protección y restitución de los derechos que han sido amenazados, restringidos o violados, ( ) (LcVSETP, Artículo 11.h); así como, el deber de las autoridades de iniciar de oficio los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la protección de la víctima. (LcVSETP, Artículo 8.)

13 Aún y cuando, el último texto legal referido, no hace remisión expresa a la aplicación de las medidas de seguridad y protección contenidas en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, al regularse que la víctima tiene derecho a la protección y restitución de los derechos que le han sido amenazadas, restringidos o violados y el deber de las autoridades de garantizar la protección de las víctimas, es procedente la aplicación de las mismas. Para las víctimas que no tienen 18 años - niñas, niños y adolescentes -, el sistema jurídico nacional contempla un procedimiento y jurisdicción especializada, cuya finalidad es coincidente con la establecida en los textos legales referidos, atendiendo a su condición de minoría de edad. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia otorga a las niñas, niños y adolescentes, una protección jurídica preferente de carácter integral que debe realizarse en los niveles social, económico y jurídico (LPINA, Articulos 6 y 80). Conforme a dicho texto legal, se reafirma la obligación del Estado de garantizar la supervivencia, seguridad y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, reconociendo el derecho a la protección, cuidado y asistencia, desde la concepción, para lograr su desarrollo físico, mental, social y espiritual (LPINA, Artículo 9). En consecuencia, las medidas de seguridad y protección para victimas sobrevivientes de Femicidio, Violencia contra la Mujer, Violencia Económica, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, no se circunscribe únicamente a dictar las medidas que hagan cesar los actos de violencia, sino por el contrario, tienden a proveerle a la víctima, de todas las medidas que le permitan superar los actos de agresión a fin de garantizar su desarrollo integral en una vida libre de violencia. Para que cumplan dicha finalidad, las medidas de seguridad y protección deben dictarse y ejecutarse inaudita parte, es decir, no requieren de audiencia previa a la persona agresora, ni que para su ejecución requiera necesariamente efectuarse una notificación previa. Es de advertir que para el sistema jurídico nacional no ha sido extraña la existencia de resoluciones judiciales que se dictan sin audiencia previa, tal es el caso de las providencias cautelares en materia civil -medidas de seguridad de personas, arraigo, anotación de demanda, embargo, secuestro, intervención, entre otras) o bien, la autorización de diligencias de apoyo a la investigación en materia penal -allanamiento, secuestro, interceptación de telecomunicaciones, secuestro de correspondencia, entre otras-. Tales decisiones se dictan y ejecutan sin audiencia previa a la persona que se ve limitada o restringida en su derecho, así, según el Código Procesal Civil, las ( ) providencias precautorias se dictan sin oír a la parte contra quien se pidan y surtirán sus efectos no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. (CPCM, Artículo 534). 13

14 1.3. PRINCIPIOS ESPECIALES DEL SISTEMA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Atendiendo a lo regulado en los distintos cuerpos normativos, así como la finalidad del sistema de medidas de seguridad y protección a las víctimas sobrevivientes de violencia, pueden extraerse como principios especiales que deben inspirar la aplicación de las mismas, los siguientes: PRINCIPIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL Este principio consiste en dictar a favor de la víctima todas aquéllas medidas que le garanticen: El cese de los actos de violencia que ha sufrido; La prevención de actos de violencia de la misma o de distinta naturaleza; y, El soporte necesario para romper con el círculo de violencia y garantizar las condiciones mínimas para que pueda desarrollarse integralmente. Bajo tal finalidad, la jueza o el juez deben emitir las medidas de seguridad que mejor garanticen la protección integral de las víctimas sobrevivientes, es decir, conforme al caso concreto valorar si para la protección integral, se amerita dictar una o varias medidas, lo cual es permitido tanto por la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (LVIF, Artículo 7) como por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA, Artículo 110). Para tornar operativo este principio, se ha regulado que la decisión que establece las medidas a favor de la víctima, debe dictarse sin la presencia necesaria de ésta, es suficiente la solicitud que presente la entidad requirente o la propia víctima, de acuerdo al artículo 4 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y el artículo 2 de su Reglamento, que establecen: Quien reciba la denuncia deberá remitirla a un juzgado de familia o del orden penal, según corresponda..., lo cual reitera el Reglamento, y además, agrega: bajo su responsabilidad para que sean dictadas las medidas de seguridad necesarias PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD El principio de temporalidad consiste en que las medidas de seguridad y protección tienen una duración temporal, por ello cuando existe identidad con un derecho cuya declaración debe decidirse en un procedimiento de conocimiento, es necesario que se acuda a dicha vía para que el derecho sea declarado de forma definitiva. Conforme a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Intrafamiliar, las medidas de seguridad y protección no pueden ( ) durar menos de un mes ni más de seis, excepto la consignada en el inciso c) del artículo anterior. 6 Sin embargo al vencer el plazo y a solicitud de parte, la autoridad competente podrá prorrogarlo. Por su parte, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia si bien no establece una temporalidad especial, establece que las mismas pueden ser sustituidas en cualquier momento (LPINA, Artículo 110), aún y cuando, hubieren sido producto de una audiencia definitiva. No obstante, el tiempo establecido para las medidas de seguridad, conforme a la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, atendiendo a cada caso en concreto, la jueza o el juez tienen la facultad de prorrogarlas a requerimiento (LVIF, Artículo 8.), cuando exista la necesidad de continuar protegiendo a la víctima sobreviviente y en el ámbito de la competencia funcional de los órganos especializados debe prorrogarlas, ampliarlas o sustituirlas de oficio (17 f del Reglamento de gestión de los órganos especializados).

15 Derivado de lo anterior, las medidas de seguridad y protección, para que cumplan la finalidad de protección integral, deberán subsistir hasta el momento en que las mismas se tornen innecesarias, por cualquiera de las circunstancias siguientes: haber adquirido el grado de definitiva conforme al procedimiento de conocimiento que corresponda, siempre que producto de ello no sea necesaria ninguna otra medida; haber finalización del procedimiento penal mediante una resolución firme y ejecutoriada; o, haber cumplido la finalidad de protección integral, siempre que no sea necesaria ninguna otra medida. Lo anterior no implica que puedan dictarse a favor de las víctimas, medidas de seguridad y protección para mantenerla protegida, aún cuando exista sentencia firme o bien por nuevos hechos o actos de violencia PRINCIPIO DE CELERIDAD El proceso debe tramitarse con carácter urgente y breve, teniendo su razón de ser en la actuación inmediata que evita que sea un proceso de conocimiento o declaración, no podrían concederse o denegarse las medidas por medio de un procedimiento complejo y largo, pues no tendría sentido alguno. La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, establece el carácter de urgencia y prioridad en la atención de los casos. Los juzgados de paz de turno atenderán los asuntos relacionados con la aplicación de la presente ley, con el objeto de que sean atendidos los casos que por motivo de horario o distancia no pudieren acudir en el horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se preste en los mismos. (LVIF, Artículo 6) pudiendo el o la fiscal que reciba la denuncia, hacer la gestión en el mismo momento ya que los Juzgados de paz en el interior de los 334 Municipios atienden las 24 horas y en la capital tienen turnos de 24 horas. Por su parte la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, establece que Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional que la conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos establecidos en la presente ley, aún cuando el agresor no sea su pariente. (LcFVCM, Artículo 9). En el mismo sentido la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, al regular el principio de celeridad dispone que los procedimientos establecidos en dicha ley ( ) deben realizarse con especial atención y prioridad. (LcVSETP, Artículo 2.j.) La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, por su parte, establece que las medidas cautelares deben dictarse inmediatamente (LPINA, Artículo 118). Como se puede advertir las distintas leyes especiales imponen el deber de las juezas y jueces de emitir, de forma inmediata las resoluciones judiciales. 6 La medida a la que se refiere consiste en ( ) Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial, o psicológica de cualquiera de sus habitantes. (LVIF, Art.7.c) 15

16 PRINCIPIO DE IMPULSO DE OFICIO Este principio consiste en que las autoridades judiciales tienen a su cargo el impulso de las medidas de seguridad y protección una vez tengan conocimiento de la necesidad de imponer las mismas, modificarlas o promover su ejecución sin necesidad de requerimiento alguno. Conforme a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas se dispone en forma expresa que ( ) Las autoridades competentes, bajo su propia responsabilidad, deben iniciar de oficio los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la protección de la víctima. (LcVSETP, Artículo 8), lo cual también se encuentra regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA, Articulos. 116.e y 117.b). Para los casos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el Reglamento de Gestión para los órganos especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer refiere expresamente a este principio, (Artículo 7). La oficiosidad en la ejecución de las medidas de coerción se establece, además del mandato constitucional referido al deber de promover la ejecución de lo juzgado (CPR, Artículo 203), a través del código procesal penal cuando faculta a las autoridades judiciales a ( ) requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordene. Dado el marco normativo, las autoridades jurisdiccionales se encuentran en el deber de dictar las medidas de seguridad y protección al tener conocimiento de la necesidad de las mismas y promover la ejecución de los actos ordenados, siempre sin necesidad de que el mismo sea notificado previamente, a fin de garantizar la protección integral de la víctima (CPCM, Artículo 534) PRINCIPIO POCO FORMALISTA Las normas del proceso de protección deben ser interpretadas de forma favorable a la admisión y decisión final de las solicitudes de protección a la víctima, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados con posterioridad. Este principio se materializa con la presentación de denuncias en forma oral y sin necesidad de asistencia de abogada o abogado de acuerdo a lo que establece la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, ( ) La denuncia o solicitud de protección que norma la presente ley, podrá hacerse en forma escrita o verbal con o sin asistencia de abogada o abogado ( ) (LVIF, Art. 3), por lo que tanto la solicitud puede ser realizada en forma verbal por la propia víctima, el fiscal o la representante de la entidad en donde se haya puesto en conocimiento el hecho. 7 En el mismo sentido, el artículo 7 del Reglamento de Gestión para los Juzgados y Tribunales con Competencia en Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, establece ( ) Las medidas de seguridad a favor de las víctimas de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la mujer podrán ser emitidas de oficio o a requerimiento verbal o escrito de cualquier persona a discreción de quien las solicita. El órgano jurisdiccional ante quien se presente la solicitud deberá conocer y resolver, inmediatamente, sin necesidad de la presencia de la víctima ni del presunto agresor. 16 El mismo principio opera según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el cual, no requiere de auxilio profesional ni de formalidad alguna más allá de las formas que deben cumplir los actos procesales. 7 7 Art. 17.b del Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia indica que el Sistema de atención integral a víctimas de violencia contra la mujer deberá efectuar los estudios necesarios para recomendar la idoneidad y efectividad de la medida de protección que sean necesarias para apoyar a la víctima durante el proceso judicial y evitar la revictimización luego de finalizado el mismo.

17 2. TIPO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN UNIDAD DE COMPETENCIA: Conoce la finalidad de las medidas de seguridad y protección para otorgar la idónea y otorga las medidas de seguridad en el menor tiempo posible a las víctimas para dar el soporte necesario y garantizar las condiciones mínimas de seguridad. 2.1.ASPECTOS GENERALES Las medidas de seguridad y protección que pueden dictarse a favor de las víctimas sobrevivientes se encuentran reguladas en 3 textos legales Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, decreto del Congreso de la República; Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, decreto del Congreso de la República; y, Código Penal, decreto del Congreso de la República. Las medidas de protección contenidas en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LPINA, Artículo 103, 112, 114 y 115) son exclusivas para las niñas, niños y adolescentes en riesgo, mientras que las contenidas en la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar (LVIF, Art. 7) y el Código Penal (CP, Artículo 88) son generales pueden dictarse a favor de personas adultas integrantes del grupos familiar. Dada la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil (LVIF, Artículo 11) sería factible que las autoridades judiciales ordenaran el traslado de las víctimas a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley; por ejemplo su ingreso a centros asistenciales, su protección por parte del Consulado de su país de origen y el ingreso al programa de protección de testigos. (CPCyM, Artículo 516). En todos los casos las medidas de seguridad y protección deben avocarse a proveerle a la víctima una protección integral, derivad de ello, atendiendo a las circunstancias de cada caso en particular, debe valorarse la necesidad de imponer más de una medida, facultad que establece el ordenamiento jurídico (LPINA, Artículo 110 y LVIF, Artículo 7). Como ya se ha indicado, las medidas de seguridad más allá de restringir derechos de las personas agresoras, su finalidad, está referida a la protección integral de las víctimas sobrevivientes, por tal razón, las mismas para ser ejecutables no requieren de la notificación previa a la persona agresora tal y como sucede con la autorización de actos de investigación en el proceso penal o las medidas precautorias en el civil. En dicho sentido, aún cuando, pueda existir identidad entre las medidas de seguridad y protección a favor de las víctimas y las medidas de coerción o cautelares, la distinción entre unas y otras radica en su finalidad. Las medidas de coerción o cautelares (CPP, Articulos. 259 y 264) tienen por finalidad garantizar el resultado del proceso, es decir, asegurar que lo dispuesto en la sentencia pueda ser ejecutado; mientras las medidas de seguridad y protección tienen por finalidad garantizar a la víctima el cese de la violencia, la prevención de nuevos actos de violencia y el rompimiento del circulo de violencia para brindar condiciones que le permitan desarrollarse integralmente en una vida libre de violencia. Derivado de lo anterior, aún y cuando la persona agresora se encuentre sujeta a medidas de seguridad y protección, si el caso concreto lo amerita, pueden coexistir las medidas de coerción o cautelares y las medidas de seguridad y protección a favor de la víctima. 17

18 2.2. CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE LAS MISMAS Si bien la legislación nacional no proporciona una clasificación de las medidas de seguridad y protección, las mismas pueden ser clasificadas de acuerdo a la finalidad perseguida, de la siguiente manera: medidas de seguridad orientadas al cese inmediato de los actos de violencia; medidas de seguridad orientadas a prevenir la reiteración de actos de violencia; y, medidas de seguridad orientadas a romper con el círculo de violencia y garantizar el desarrollo integral de la víctima. Cabe advertir que la clasificación propuesta es meramente didáctica a fin de que las autoridades judiciales puedan seleccionar la medida o el conjunto de medidas que proteja de manera integral a la víctima sobreviviente, en especial, para romper con los patrones patriarcales MEDIDAS DE SEGURIDAD ORIENTADAS AL CESE INMEDIATO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA Dentro de estas medidas, el ordenamiento jurídico establece la facultad de las autoridades judiciales de "( ) Ordenar el allanamiento de la morada cuando, por violencia intrafamiliar, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial, o psicológica de cualquiera de sus habitantes." (LVIF, Artículo 7.c). Esta medida de seguridad y protección, como tal, es de carácter meramente instrumental cuya finalidad está referida al cese inmediato del riesgo para la integridad física, sexual, patrimonial, o psicológica de las mujeres agredidas. Tal y como se encuentra redactada la disposición normativa para su imposición no se requiere la materialización de un acto de violencia, sino basta, con la existencia de un riesgo grave de afectación de la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de quienes se encuentran en la vivienda. Respecto de los actos de violencia, conforme al marco jurídico, no es necesaria la orden de allanamiento, entre otros supuestos, cuando: ( ) se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito. (CPP, Artículo 190.2); ( ) voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro. (CPP, Artículo 190.4); quién entra en la morada ajena lo hace ( ) para evitar un mal grave asimismo, a los moradores o a un tercero. (CP, Artículo 208); o, 18 se trate de lugares destinados a ( ) cafés, cantinas, tabernas, posadas, casas de hospedaje y demás establecimientos similares, mientras estuvieren abiertos al público. (CP, Art. 208)

19 Respecto de tales disposiciones la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, reitera la obligación de la autoridad policial para: ( ) Socorrer y prestar protección a las personas agredidas, aún cuando se encuentren dentro de su domicilio al momento de la denuncia; de acuerdo a lo estipulado en los artículos 208 y 436 del Código Penal. (LVIF, 10.a); ( ) En caso de flagrancia, detener a la persona agresora y ponerla a la orden de la autoridad judicial. (LVIF, Artículo 10.b) ( ) Levantar informe o parte policial sobre los hechos ocurridos, para lo cual deberán recoger información de familiares, vecinos u otras personas presentes y consignar sus nombres, calidades y lugar donde puedan localizarse para requerirlos en un posible proceso judicial. (LVIF, Artículo 10.c) ( ) Decomisar las armas y los objetos utilizados para amenazar o agredir y ponerlos a la orden de la autoridad judicial respectiva. (LVIF, Artículo 10.d) El incumplimiento de las funciones indicadas por parte de las autoridades policiales, bien sea por omitir actuar, retardarlas o cumplirlas negligentemente deben ser sancionadas ( ) en la forma que corresponde conforme a su ley orgánica, sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. Se podrá también recomendar su cesantía a la autoridad administrativa correspondiente, quien dará aviso al Ministerio Público o a los tribunales de las sanciones impuestas. (LVIF, Art ículo 10 y CPP, Artículo 114). Para finalizar es importante advertir que el allanamiento, en los actos de violencia también puede ser ordenado con fines del proceso penal, como la práctica de una diligencia con fines de investigación -captura o detención, acopio de medios de evidencias- (CPP, Articulos. 190 y ss), o bien, para ejecutar las medidas de seguridad y protección a favor de las víctimas sobrevivientes (CPP, Artículo 177) MEDIDAS DE SEGURIDAD ORIENTADAS A PREVENIR LA REITERACIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Las medidas de seguridad y protección orientadas a la prevención de actos de violencia de la misma o distinta naturaleza restringen al presunto agresor en el ejercicio de ciertos derechos relacionados con: Tenencia y portación de armas; Libertad de acción; Libertad de locomoción; y, Familia. Según el marco jurídico las autoridades judiciales pueden imponer al agresor restricciones destinadas a: "Prohibir que se introduzca o se mantengan armas en la casa de habitación, cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar." (LVIF, Artículo 7.d); "Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aún cuando tenga licencia de portación." (LVIF, Artículo 7.e); "Prohibir, al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar." (LVIF Artículo 7.i); "Prohibición de concurrir a determinados lugares." (CP, Artículo 88.6 Y 99); "Prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio." (LVIF, Artículo 7.j); 19

20 "Suspenderle provisionalmente al presunto agresor, la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad." (LVIF, Artículo 7.f); "Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, en cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas." (LVIF, Artículo 7.g); y, "Suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas, en caso de agresión sexual contra menores de edad." (LVIF, Artículo 7.h). Las medidas de seguridad orientadas a la introducción y mantenimiento de armas en la casa de habitación, así como la posesión de las mismas debe entenderse que se refiere a cualquier tipo de armas según la definición de las mismas contenida en la Ley de Armas y Municiones, decreto del Congreso de la República. Según sea el caso, la suspensión o la prohibición de introducir armas en la casa de habitación, implicaría la suspensión de derecho de tenencia del arma (LAyM, Artículos 62), derivado de ello, el juez puede ordenar que el arma sea entregada, a la autoridad judicial o policial (LAyM, Artículo 67), o bien, el depósito o custodia del arma de fuego en terceras personas (LAyM, Artículo. 69). Tal disposición debe dictarse, aún y cuando, el arma se encuentre registrada y no proceda el comiso por delito flagrante o carecer del registro respectivo (LAyM, Artículo 67). De igual forma, el decomiso de armas de fuego lleva implícita la suspensión de la autorización para portar armas de fuego (LAyM, Artículos 70), incluso de quienes por disposición legal no requieren de la autorización respectiva (LAyM, Artículos 71, 74, 77 y 78). A pesar de que no está normada la obligación de la jueza o el juez de comunicar a la autoridad a cargo del control de armas y municiones la existencia de una resolución judicial que limita el ejercicio de tales derechos, sería conveniente como buena práctica que se oficiara a la DIGECAM a fin de que la misma lo registre como antecedente para la emisión de las licencias de tenencia y/o portación de arma de fuego. Otro aspecto a considerar para la ejecución de esta medida es la posibilidad de ordenar el allanamiento de morada de la persona agresora para el decomiso respectivo de las armas, cuando se han impuesto las medidas referidas (CPP, Artículo 177). Respecto de la prohibición de perturbar o intimidar a integrantes del grupo familiar esta comprendería no solamente la intimidación directa del agresor sino a través de terceras personas, así como el uso de cualquier instrumento o medio de comunicación. En el caso concreto las terceras personas que coadyuven en la perturbación, si el hecho, es constitutivo de delito serían aplicables para dichas personas las reglas de participación contenidas en el código penal (CP, Artículo 35). La libertad de locomoción del agresor, conforme al marco jurídico, no tiene una limitación especial, sino se refiere a cualquier lugar en general, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Penal (CP, Artículos 88.6 y 99), por lo que la restricción al domicilio temporal o permanente de la persona agredida o a su lugar de trabajo o estudio (LVIF, Artículo 7.j), deben entenderse como meramente enunciativos. 20 Derivado de lo anterior la restricción del ámbito espacial puede ser cualquiera en el cual la víctima pudiera ser nuevamente agredida, dado que la norma penal es más amplia que la especial y brinda una seguridad y protección mayor que la descrita en la legislación especial.